La Protección Civil es el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la preparación, respuesta y rehabilitación de la población ante desastres.
viernes, 29 de noviembre de 2013
jueves, 28 de noviembre de 2013
DECRETO Nº600 JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA GOBERNADOR DEL ESTADO TÁCHIRA
DECRETO Nº600
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
GOBERNADOR DEL ESTADO TÁCHIRA
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 15, 19,21 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 20, 141 y 152, numerales 1,2,3, 4 y 35 de la Constitución del Estado Táchira publicada en la Gaceta Oficial del Estado Táchira Número Extraordinario 778 de fecha 09 de febrero de 2001, en concordancia con el artículo 21, numerales 1,2,3,4 de la Ley de la Administración Pública del Estado Táchira, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Táchira Número Extraordinario 1638 de fecha de 14 de octubre de 2005.
Considerando
Que los profundos cambios históricos, que en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural, se desarrollan de manera dinámica y progresiva en el país y en atención a que los derechos de las personas en el acceso a los bienes y servicios están considerados como un derecho humano en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se deben adoptar medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerados.
Considerando
Que los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo, lo que ha originado daños incalculables a la economía de los consumidores.
Considerando
Que el poder monopólico, ha sido una política aplicada por algunas personas naturales o jurídicas, que pretenden dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, los cuales en la mayoría de los casos no se corresponden con una estructura de costos justificable.
Considerando
Que todas estas acciones han llevado en forma automática al “marcaje” de precios inescrupuloso y desconsiderado, tanto en grandes empresas comerciales y distribuidores, como en los pequeños y medianos comercios, acciones estas que en su conjunto crean zozobra e incertidumbre en la población.
Considerando
Que la generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan desgastando el poder adquisitivo de la población, en razón a que el pago de precios elevados por parte de los consumidores reduce la capacidad de adquirir otros bienes.
Considerando
Que en tal sentido, se requiere implementar mecanismos necesarios para mantener la estabilidad de precios y el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población.
Considerando
Que a tal efecto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, establece como uno de sus fines la de establecer mecanismos de control previo a aquellas personas naturales y jurídicas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan o de los servicios que prestan.
Considerando
Que el estado venezolano ha dictado medidas para reajustar a profundidad todos los mecanismos y políticas que permitan estabilizar la producción, transporte, distribución y abastecimiento de productos en las áreas de alimentación, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos así como materias primas y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólar americano obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Considerando
Que el Gobernador del Estado Táchira, es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Estadal, dirige el Gobierno y la Administración del Estado, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución del Estado Táchira y las Leyes.
Considerando
Que la entidad federal debe coadyuvar en la defensa y protección de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios, con el objeto de resguardar la paz social y la justicia del pueblo tachirense.
Considerando
Que es necesario que el estado realice una labor para lograr el equilibrio y brindar un ambiente de paz y justicia, donde se salvaguarden los derechos e intereses de los usuarios en el estado Táchira a fin de establecer precios justos.
Considerando
Que en cumplimiento del Principio Constitucional de Colaboración de los Poderes Públicos, el Ejecutivo Estadal implementará todas las medidas necesarias para la ejecución de las políticas públicas nacionales que garanticen la seguridad alimentaria, el acceso a productos y artículos de primera necesidad, incluyendo todas las que han sido adquiridas con dólares preferenciales, en atención a lo establecido en el Decreto Presidencial N° 429 de fecha 26 de Septiembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 40.261 de fecha 30 de septiembre de 2013, mediante el cual creó el Órgano Superior de la Defensa Popular de la Economía.
CONSIDERANDO
Que la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre las Instituciones del Estado, encabezada por la Fuerza Armada Bolivariana y el pueblo, dando cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, justicia, solidaridad, promoción y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para toda la comunidad.
Considerando
Que en aras de fomentar el orden público en el estado Táchira, se requiere establecer medidas que permitan a los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el territorio del estado Táchira el acceso a los artículos de primera necesidad de forma organizada y controlada, a los fines de evitar posibles alteraciones del orden público, en detrimento de la población tachirense.
Decreta
Artículo 1: Se ordena a las personas naturales y jurídicas, dedicados a la venta y distribución de alimentos, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos, materia prima y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólares americanos obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a que procedan a ajustar los precios de los productos que ofrecen en dichas áreas.
Artículo 2: Se ordena a las personas naturales y jurídicas a requerir a los usuarios, a los fines de la adquisición de los alimentos y productos señalados ut supra, la totalidad de los siguientes documentos: 1) cédula de identidad venezolana original y vigente laminada; 2) constancia de residencia emitida por la delegación respectiva; 3) el último recibo de un servicio público correspondiente a luz, agua y/o teléfono, donde se indique la dirección exacta del usuario y 4) Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) original.
Artículo 3: Se ordena a las personas naturales y jurídicas dedicados a la venta y distribución de alimentos, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos, materia prima y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólares americanos obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a publicar en sitios visibles los precios sugeridos al público, de conformidad con los establecido en la ley antes mencionada.
Artículo 4: Se insta a los órganos de Seguridad Ciudadana con asiento en el Estado que en el ejercicio de sus funciones y potestades, deberán realizar todas las actividades dirigidas a garantizar a la población del estado Táchira el mantenimiento del orden público, la seguridad y la paz social, por lo que en cumplimiento del presente decreto deben resguardar las instalaciones de los comercios dedicados a la venta de los productos señalados en el articulo uno del presente decreto, evitar alteraciones de orden público, saqueos, tumultos, atentados contra la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, vigilar la no ocupación de espacios a terceros, pagos por reserva en listas de espera, así como todos aquellos actos que vayan en detrimento de la población tachirense.
Artículo 5: Se insta aquellas instituciones con asiento en el Estado, que representan al Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, a garantizar en el ámbito estadal la seguridad alimentaria así como el acceso oportuno y permanente de todos los habitantes del territorio del Estado Táchira a los productos a que se refiere el artículo 1 del presente decreto.
Artículo 6: Se insta a la REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL – REDI LOS ANDES, que implemente y ejecute todas las acciones que sean necesarias a los fines de que los productos a que hace mención el artículo 1 del presente decreto, sean adquiridos exclusivamente por los ciudadanos y ciudadanas que residen dentro del territorio tachirense y que cumplan con los requisitos indicados en el artículo 2 del presente decreto.
Artículo 7: Se insta a las personas naturales o jurídicas dedicados a la venta y distribución de alimentos, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos, materia prima y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólares americanos obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a informar a la REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL – REDI LOS ANDES, sobre el resultado de la aplicación de las medidas establecidas en el presente decreto, en el lapso de un mes contados a partir de la publicación del presente decreto.
Artículo 8: En aras de preservar el fin para el cual se emitió el presente decreto, el cual va dirigido al pueblo tachirense, para preservar la familia y la sana convivencia se prohíbe el uso indebido de los productos señalados en el artículo 1 del presente decreto en las modalidades de permuta, venta, donación, traspaso, usura y cualquier otra, en respuesta a las necesidades de la población tachirense y el buen ejercicio comercial.
Artículo 9: El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Táchira en fecha 28 de Noviembre de 2013.
Artículo 10: La Secretaria General de Gobierno, el Estado Mayor Fronterizo Cívico –Militar y el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, velarán por el cumplimiento del presente Decreto.
Comuníquese y publíquese
Dado, firmado, refrendado y sellado en el salón del Despacho del Poder Ejecutivo, en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Cristóbal, a los 27 días del mes de Noviembre de 2013. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación y 14º de la Revolución. Firmado José Gregorio Vielma Mora, Gobernador del Estado Táchira. Refrendado: María Gabriela Varela Varela, Secretaria General de Gobierno.
JOSÉ GREGORIO VIELMA MORA
GOBERNADOR DEL ESTADO TÁCHIRA
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 15, 19,21 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 20, 141 y 152, numerales 1,2,3, 4 y 35 de la Constitución del Estado Táchira publicada en la Gaceta Oficial del Estado Táchira Número Extraordinario 778 de fecha 09 de febrero de 2001, en concordancia con el artículo 21, numerales 1,2,3,4 de la Ley de la Administración Pública del Estado Táchira, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Táchira Número Extraordinario 1638 de fecha de 14 de octubre de 2005.
Considerando
Que los profundos cambios históricos, que en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural, se desarrollan de manera dinámica y progresiva en el país y en atención a que los derechos de las personas en el acceso a los bienes y servicios están considerados como un derecho humano en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se deben adoptar medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerados.
Considerando
Que los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo, lo que ha originado daños incalculables a la economía de los consumidores.
Considerando
Que el poder monopólico, ha sido una política aplicada por algunas personas naturales o jurídicas, que pretenden dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, los cuales en la mayoría de los casos no se corresponden con una estructura de costos justificable.
Considerando
Que todas estas acciones han llevado en forma automática al “marcaje” de precios inescrupuloso y desconsiderado, tanto en grandes empresas comerciales y distribuidores, como en los pequeños y medianos comercios, acciones estas que en su conjunto crean zozobra e incertidumbre en la población.
Considerando
Que la generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan desgastando el poder adquisitivo de la población, en razón a que el pago de precios elevados por parte de los consumidores reduce la capacidad de adquirir otros bienes.
Considerando
Que en tal sentido, se requiere implementar mecanismos necesarios para mantener la estabilidad de precios y el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población.
Considerando
Que a tal efecto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, establece como uno de sus fines la de establecer mecanismos de control previo a aquellas personas naturales y jurídicas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan o de los servicios que prestan.
Considerando
Que el estado venezolano ha dictado medidas para reajustar a profundidad todos los mecanismos y políticas que permitan estabilizar la producción, transporte, distribución y abastecimiento de productos en las áreas de alimentación, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos así como materias primas y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólar americano obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Considerando
Que el Gobernador del Estado Táchira, es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Estadal, dirige el Gobierno y la Administración del Estado, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución del Estado Táchira y las Leyes.
Considerando
Que la entidad federal debe coadyuvar en la defensa y protección de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios, con el objeto de resguardar la paz social y la justicia del pueblo tachirense.
Considerando
Que es necesario que el estado realice una labor para lograr el equilibrio y brindar un ambiente de paz y justicia, donde se salvaguarden los derechos e intereses de los usuarios en el estado Táchira a fin de establecer precios justos.
Considerando
Que en cumplimiento del Principio Constitucional de Colaboración de los Poderes Públicos, el Ejecutivo Estadal implementará todas las medidas necesarias para la ejecución de las políticas públicas nacionales que garanticen la seguridad alimentaria, el acceso a productos y artículos de primera necesidad, incluyendo todas las que han sido adquiridas con dólares preferenciales, en atención a lo establecido en el Decreto Presidencial N° 429 de fecha 26 de Septiembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 40.261 de fecha 30 de septiembre de 2013, mediante el cual creó el Órgano Superior de la Defensa Popular de la Economía.
CONSIDERANDO
Que la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre las Instituciones del Estado, encabezada por la Fuerza Armada Bolivariana y el pueblo, dando cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, justicia, solidaridad, promoción y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para toda la comunidad.
Considerando
Que en aras de fomentar el orden público en el estado Táchira, se requiere establecer medidas que permitan a los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el territorio del estado Táchira el acceso a los artículos de primera necesidad de forma organizada y controlada, a los fines de evitar posibles alteraciones del orden público, en detrimento de la población tachirense.
Decreta
Artículo 1: Se ordena a las personas naturales y jurídicas, dedicados a la venta y distribución de alimentos, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos, materia prima y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólares americanos obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a que procedan a ajustar los precios de los productos que ofrecen en dichas áreas.
Artículo 2: Se ordena a las personas naturales y jurídicas a requerir a los usuarios, a los fines de la adquisición de los alimentos y productos señalados ut supra, la totalidad de los siguientes documentos: 1) cédula de identidad venezolana original y vigente laminada; 2) constancia de residencia emitida por la delegación respectiva; 3) el último recibo de un servicio público correspondiente a luz, agua y/o teléfono, donde se indique la dirección exacta del usuario y 4) Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) original.
Artículo 3: Se ordena a las personas naturales y jurídicas dedicados a la venta y distribución de alimentos, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos, materia prima y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólares americanos obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a publicar en sitios visibles los precios sugeridos al público, de conformidad con los establecido en la ley antes mencionada.
Artículo 4: Se insta a los órganos de Seguridad Ciudadana con asiento en el Estado que en el ejercicio de sus funciones y potestades, deberán realizar todas las actividades dirigidas a garantizar a la población del estado Táchira el mantenimiento del orden público, la seguridad y la paz social, por lo que en cumplimiento del presente decreto deben resguardar las instalaciones de los comercios dedicados a la venta de los productos señalados en el articulo uno del presente decreto, evitar alteraciones de orden público, saqueos, tumultos, atentados contra la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, vigilar la no ocupación de espacios a terceros, pagos por reserva en listas de espera, así como todos aquellos actos que vayan en detrimento de la población tachirense.
Artículo 5: Se insta aquellas instituciones con asiento en el Estado, que representan al Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, a garantizar en el ámbito estadal la seguridad alimentaria así como el acceso oportuno y permanente de todos los habitantes del territorio del Estado Táchira a los productos a que se refiere el artículo 1 del presente decreto.
Artículo 6: Se insta a la REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL – REDI LOS ANDES, que implemente y ejecute todas las acciones que sean necesarias a los fines de que los productos a que hace mención el artículo 1 del presente decreto, sean adquiridos exclusivamente por los ciudadanos y ciudadanas que residen dentro del territorio tachirense y que cumplan con los requisitos indicados en el artículo 2 del presente decreto.
Artículo 7: Se insta a las personas naturales o jurídicas dedicados a la venta y distribución de alimentos, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos, materia prima y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólares americanos obtenidos a través de los sistemas establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), compras efectuadas a distribuidoras nacionales, así como los productos sometidos a control de precios dentro del margen de comercialización sugeridos al público de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a informar a la REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL – REDI LOS ANDES, sobre el resultado de la aplicación de las medidas establecidas en el presente decreto, en el lapso de un mes contados a partir de la publicación del presente decreto.
Artículo 8: En aras de preservar el fin para el cual se emitió el presente decreto, el cual va dirigido al pueblo tachirense, para preservar la familia y la sana convivencia se prohíbe el uso indebido de los productos señalados en el artículo 1 del presente decreto en las modalidades de permuta, venta, donación, traspaso, usura y cualquier otra, en respuesta a las necesidades de la población tachirense y el buen ejercicio comercial.
Artículo 9: El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Táchira en fecha 28 de Noviembre de 2013.
Artículo 10: La Secretaria General de Gobierno, el Estado Mayor Fronterizo Cívico –Militar y el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, velarán por el cumplimiento del presente Decreto.
Comuníquese y publíquese
Dado, firmado, refrendado y sellado en el salón del Despacho del Poder Ejecutivo, en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Cristóbal, a los 27 días del mes de Noviembre de 2013. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación y 14º de la Revolución. Firmado José Gregorio Vielma Mora, Gobernador del Estado Táchira. Refrendado: María Gabriela Varela Varela, Secretaria General de Gobierno.
miércoles, 27 de noviembre de 2013
martes, 26 de noviembre de 2013
Otorgó Protección Civil 425 permisos de circulación nocturna a motorizados
Atenderán motorizados de cinco municipios para tramitar permiso de circulación nocturna
Protección Civil inicia jornada especial de tres días este miércoles
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San Cristóbal, 26 de noviembre de 2013 (Prensa ORIC).- Yesnardo Canal, director de Protección Civil, informó que este miércoles entregarán los permisos de circulación nocturna para conductores de motos, en los municipios Fernández Feo, Seboruco y Ayacucho.
En cumplimiento de la gran “Misión A Toda Vida Venezuela”, iniciará la entrega en los sectores más lejanos, a fin de solventar inquietudes, atender al colectivo motorizado del estado y expandir el alcance del Decreto 511.
“Cubriremos cinco municipios en tres días, comenzando el miércoles en Fernández Feo, el jueves en Seboruco, al cual deberán dirigirse los habitantes de los municipios José María Vargas y Jáuregui y el lunes en Ayacucho”, apuntó.
El centro de entrega será en las coordinaciones policiales de las zonas, a partir de las nueve de la mañana, donde estarán los funcionarios atendiendo a la colectividad.
Canal informó que hasta el martes 26 de noviembre, otorgaron 435 permisos a trabajadores y 50 estudiantes, los cuales forman parte de un registro compartido con los órganos de seguridad a fin de poder verificar su validez.
“Actualmente el Decreto 511 ha arrojado un balance positivo, gracias al trabajo mancomunado con los órganos policiales”, indicó.
Capacitan a funcionarios de PC en técnicas de búsqueda
Desde el 25 hasta el 28 de noviembre, se dicta el curso de técnicas en búsqueda electrónica en estructuras colapsadas, dirigido tanto al personal de Protección Civil y de las direcciones municipales.
El objetivo es adiestrar en la búsqueda, localización e identificación de víctimas atrapadas bajo escombros de alguna estructura colapsada, como también otro elemento que los mantenga aprisionados y fuera del alcance de la vista.
El curso cuenta con 30 participantes entre funcionarios del órgano de prevención, la Fuerza de Tarea Humanitaria “Simón Bolívar” de la dirección nacional y las direcciones municipales del Táchira y es dictado por dos técnicos especialistas en área provenientes de Chacao.
“Cuenta con equipos técnicos necesarios para el aprendizaje en la materia, como cámaras térmicas, sondas y cámaras de identificación de víctimas atrapadas”, aseguró.
Canal manifestó que el objetivo de estas acciones es formar a los funcionarios en materia de búsqueda avanzada, para garantizar operaciones veraces y eficientes.
El proceso de capacitación y adiestramiento continuará el próximo año, pues se tiene planificado involucrar a los demás órganos de seguridad tanto nacionales como regionales, prepararlos en materia de desastres y trabajar bajo una misma línea de aprendizaje.
Recordó que estas actividades y medidas de prevención son parte del plan Patria Segura regidas por las políticas preventivas del gobernador José Gregorio Vielma Mora. FIN/ Favio Hernández. Fotos: Protección Civil.
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domingo, 24 de noviembre de 2013
viernes, 22 de noviembre de 2013
FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL SE CAPACITAN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
Miembros de la FTHSB amplían sus conocimientos
(MPPRIJ-Redacción-21/11/13). Dando cumplimiento a los planes de capacitación que lleva a cabo la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres un grupo de (32) funcionarios adscritos a la Fuerza de Tarea Humanitaria “Simón Bolívar”, recibieron un curso en materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional del 11 al 17 de noviembre en las instalaciones de INTEVEP Tía Juana en el estado Zulia. El curso fue impartido por personal de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), así lo informó el Director Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Alexy Cordero.
Del mismo modo, se tuvo conocimiento que la capacitación técnica tuvo como objetivo capacitar a los participantes en el marco teórico actualizado de los estándares de (SIAHO) Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y Protección contra incendio.
Por otra parte, esta capacitación les aporto a los funcionarios especialistas en búsqueda, rescate y salvamento herramientas para el análisis y aplicación de normas y reglas en el medio ambiente de trabajo utilizado en la industria petrolera y petroquímica nacional.
Además está instrucción busco recalcar e inculcar la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, mediante la identificación oportuna de peligros, evaluación de riesgos e implantación de medidas preventivas y de control, con la finalidad de minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
(Prensa DNPCAD/MPPRIJP- Rosel Urbaiz)
DESAPARECIDO. Julio Cesar Contreras Mejias
El Sr. Julio Cesar Contreras Mejías de 87 años esta DESAPARECIDO desde hace 24 días. Cualquier Información a los números telefónicos 0276 3484196 - 3479542
Noticias de Cúcuta: ENTIDADES BINACIONALES INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS S...
Noticias de Cúcuta: ENTIDADES BINACIONALES INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS S...: “Tenemos el compromiso de aunar esfuerzos que reduzcan los riesgos de una posible emergencia porque solo así, intercambiando conocimient...
jueves, 21 de noviembre de 2013
miércoles, 20 de noviembre de 2013
Encuentro de cooperación internacional en Norte de Santander
Intercambiarán experiencias sobre gestión de riesgo en frontera
San Cristóbal, 20 de noviembre de 2013 (Prensa ORIC).- Dos destacados funcionarios de Protección Civil, fungirán como ponentes este jueves 21 y viernes 22 de noviembre, en el primer encuentro de cooperación internacional en gestión de riesgo de desastres en la frontera Norte de Santander-Táchira.
La jornada binacional tiene como finalidad, intercambiar conocimientos y experiencias entre los cuerpos de prevención y seguridad de ambas naciones, según precisó Yesnardo Canal, director regional de Protección Civil.
El vocero calificó como importante esta actividad, pues además de estrechar lazos entre dos naciones hermanas, también será innovadora para la institución porque permitirá adquirir nuevos conocimientos en la interacción con sus homólogos colombianos.
Resaltó que será la primera vez que la dirección regional de Protección Civil Táchira, dicta ponencias en el exterior, lo cual es un orgullo para el órgano de prevención, ya que representa un reconocimiento a la labor desempeñada.
Aseguró que esto es una pequeña muestra del éxito conseguido en la entidad gracias a las políticas preventivas emanadas por el gobernador José Gregorio Vielma Mora.
“Esto forma parte de la expansión y frutos de la gran misión ‘A Toda Vida Venezuela’, estrategia ideada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”.
Mencionó que Gerardo Camargo expondrá la temática sobre avances en gestión y administración de desastres en el Táchira y Harry Dávila, disertará sobre las políticas y estrategias para la gestión de riesgos en la entidad.
La actividad es organizada por la Gobernación y la Secretaría de Frontera y Cooperación Internacional del Departamento del Norte de Santander.
Canal añadió que en función de mantener planes de capacitaciones, dictarán el primer curso de técnicos en búsqueda electrónica en estructuras colapsadas, del 25 al 28 de noviembre, en San Cristóbal. FIN/ Favio Hernández. Fotos: Protección Civil.
martes, 19 de noviembre de 2013
Promueven campaña sobre uso de fuegos pirotécnicos
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Descendió 96% accidentes de motos en último mes
viernes, 15 de noviembre de 2013
Multarán motorizados que incumplan Decreto 511
Decreto prohibirá venta de electrodomésticos a personas ajenas al Táchira
Despliegan plan “Navidad Segura” con más de 20 mil funcionarios
jueves, 14 de noviembre de 2013
FUNCIONARIO DE PROTECCIÓN CIVIL RECIBE CAPACITACIÓN EN JAPÓN
JAPONPC
La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), realizó capacitación al personal médico de Protección Civil con el fin de implementar políticas de superación profesional.
Durante tres meses se cumplió un taller de adiestramiento en situaciones de emergencia y de cómo actuar ante eventos adversos, diseñando planes de acción y simulacros permanentes en escuelas, hospitales y ciudades.
Pablo Moncada, jefe de Servicios Médicos de Protección Civil, mencionó que el taller sirvió como intercambio cultural, pues además de aprender el idioma, visitó los lugares donde han ocurrido desastres de gran magnitud, como Ishinomaki y Oofanato.
“Dimos a conocer nuestro trabajo, se mostró el procedimiento en cuanto a la gestión de riesgos que hace Protección Civil en el sistema de atención pre hospitalaria”, indicó.
El directivo tachirense, es el único representante venezolano escogido por el gobernador José Gregorio Vielma Mora para formar parte de este taller, junto a otras 11 personas más de Chile, Colombia, Perú y Bolivia. FIN/ Favio Hernández. Fotos: Protección Civil.
miércoles, 13 de noviembre de 2013
PROTECCIÓN CIVIL NACIONAL SE FORTALECE SOBRE PREPARACIÓN PARA DESASTRES
En el Plan de Acción para América del Sur 2013-2014
Curso de Capacitación sobre el Proyecto Esfera se llevo a cabo entre los días 23 y 27 de Octubre del año en curso, en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela
(MPPRIJ-Redacción-08/11/13). En los últimos años, Venezuela ha sido escenario de recurrentes eventos de origen natural y adverso como: inundaciones, sequías, deslizamientos y sismos, que ha afectado la estabilidad emocional de las personas en situación vulnerable, generando pérdidas económicas, ambientales y de infraestructuras.
En tal sentido, se han venido dando grandes esfuerzos por desarrollar procesos participativos de preparación y fortalecimiento de capacidades en las comunidades locales, por parte del Ejecutivo Nacional mancomunadamente con organizaciones sociales y ONG´s Nacionales e Internacionales, a fin de aliviar el sufrimiento de las familias afectadas, por tales desastres de origen natural.
En tal sentido, Cáritas de Venezuela en el marco del Plan de Acción DIPECHO para América del SUR 2013-2014 (Preparación ante Desastres ECHO), financiado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) y ejecutado a través de Caritas Francia y Cáritas de Venezuela, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la preparación para desastres.
El evento tuvo lugar en la Casa de Retiro “El Sembrador”, Sector Patiecito, San Cristóbal. Estado Táchira, el pasado mes de octubre, donde el objetivo fundamental fue preparar a los participantes para que puedan fomentar la aplicación del nuevo Manual Esfera (titulado: Proyecto Esfera – Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, 2011 ultima versión), como herramientas encaminadas a mejorar la calidad de servicio y la rendición de cuentas en las intervenciones humanitarias.
Finalizado el curso, los funcionarios están en la capacidad de:
Las instituciones facilitadoras de conocimientos a través de sus representantes para el Curso de Proyecto Esfera fueron: el Ingeniero Rubén Reyes Cáceres, Coordinador Nacional del área de Gestión de Riesgo y Ambiente de Cáritas de Venezuela y Coordinador Nacional del Proyecto Dipecho VIII – Venezuela; la Ingeniera Alba Dávila, Asesora del Instituto Nacional de Hidrometereologia e Hidrología (INAMEH); el Ingeniero Miguel Ángel Morales Collazo, Director de Operaciones encargado de Gestión del Riesgo de Protección Civil Miranda; el Licenciado Danny Figueredo, Personal Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil Nacional; la TSU Flor Piñango Responsable de Medios de Comunicación Social de Cáritas de Venezuela y Proyecto Dipecho VIII - Venezuela.
(Prensa DNPCAD/ Ninoska Vásquez S.).
PROTECCIÓN CIVIL VENEZUELA CONMEMORA SU XLII ANIVERSARIO AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN
En 2001 fue decretado con fuerza de Ley la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres
(MPPRIJ-Redacción-12/11/13). La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, arribará mañana a su XLII aniversario, por lo que el Director Nacional de la institución, Alexy Cordero, felicita a cada funcionario que trabaja con abnegación y mística en beneficio de la población.
Cordero expresó que, “es admirable como todos esos hombres y mujeres día a día se abocan a atender a los habitantes de las comunidades en las diferentes situaciones que puedan presentarse en cualquier ámbito, sea local, regional, nacional, e incluso, internacional".
Vale destacar que la autoprotección nace con el hombre. Es el recurso individual y correctivo de preservar su propia integridad, su especie y la de su ambiente. El enfrentar situaciones de desastres ha permitido a través de la evolución del tiempo, conformar agrupaciones a nivel mundial siguiendo estrategias para establecer medidas de prevención social.
En Venezuela ha existido preocupación por crear grupos de ayuda, asistencia, búsqueda, salvamento y rescate. Tomando en consideración que por la ubicación geográfica del país y por su condición caribeña, atlántica, andina y amazónica, presenta un alto grado de exposición ante amenazas de origen natural y antrópico.
Los orígenes de las Protección Civil en Venezuela se remontan a la época de la Independencia, ya que se formaron en Caracas las llamadas “Juntas de Subsistencias”, como medida de protección a la población civil, en virtud del desabastecimiento creado por el estado de guerra interna imperante. El 23 de marzo de 1936 bajo el Gobierno del General Eleazar López Contreras se conformó el “Puesto de Socorro para prestar Servicio Médico a las víctimas de accidentes”, según Gaceta Oficial Nº 18.913. En ese mismo año, dada la preocupación del Estado Venezolano en lo referente a los aspectos preventivos, se creó el Botiquín de Emergencias.
Posteriormente el 17 de julio 1938 se dictó la Ley de Servicio Nacional de Seguridad, en la cual se le asigno misiones a la Guardia Nacional y se estableció que el Servicio de Sanidad era el órgano competente para cooperar con las autoridades civiles encargadas de las calamidades públicas (Gaceta Oficial 19.637).
Unos años más tarde específicamente el 7 de septiembre de 1943 se dictó el Decreto número 175, mediante el cual se crea la Junta Nacional de Socorro, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, para atender a las personas que resultaron afectadas a consecuencia de las inundaciones producidas por el río Orinoco en esa época; siendo ésta, la primera referencia histórica en nuestro país, sobre la creación de un ente del Estado destinado a la atención de situaciones de desastres.
El 16 de noviembre de 1943, se dicta una resolución donde se reglamenta su campo de acción para que se encargue de centralizar los fondos voluntarios y del tesoro, a fin de atender damnificados por inundaciones (Gaceta Oficial 21.199). Sin embargo, para esa fecha el término “Defensa Civil” no se había utilizado como símbolo de preparación y atención de desastres en el país.
Correspondió al Doctor Espíritu Santos Mendoza, quien actuando como Ministro de Sanidad y Asistencia Social, por resolución, crea el 21 de mayo de 1958, la “División de Socorro y Defensa Civil”, adscrita a la Dirección de Asuntos Sociales.
Para la historia nacional, es de suma importancia, tener presente que a raíz del terremoto Caracas ocurrido el 29 de julio de 1967, fue creado el “Comando Unificado Médico Asistencial” (CUMA), presidido por el Ministerio de Sanidad e integrado por representantes de todos los Organismos del Estado.
Dos años más tarde el 16 de junio de 1969, por decreto Presidencial Nº 96, se creó el “Fondo de Solidaridad Social” (FUNDASOCIAL), con el objeto de prevenir y reparar en lo posible, los daños ocasionados por calamidades y catástrofes que pudieran afectar a grupos apreciables de la colectividad.
El 7 de septiembre de 1971, según Decreto Presidencial Nº 702, se crea la “Comisión de Defensa Civil”, con la función de planificar y coordinar las acciones tendentes a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes causados por calamidades públicas por cualquier origen, socorriendo simultáneamente a la población afectada.
En el mismo orden de ideas, a partir del 8 de junio de 1975 el Ministerio de la Defensa, emite lineamientos que incluye el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales a las operaciones de Defensa Civil, durante emergencias causadas por fenómenos naturales catalogadas como calamidades públicas.
El 18 de agosto de 1976 se dictó la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, la cual en su Artículo V, establece que la Defensa Civil estará regulada por el Presidente de la República y sugiere que los ciudadanos que no estén alistados en las Fuerzas Armadas deberán incorporarse a la Defensa Civil en caso de requerírseles.
Para el 10 de agosto de 1979, según Decreto Presidencial Nº 231, la Comisión Nacional de Defensa Civil pasa a formar parte del “Consejo Nacional de Seguridad y Defensa”, organismo responsable de la administración pública, con el fin de coordinar la acción de los organismos competentes, ajustando su actuación a los Planes de Seguridad y Defensa.
En 1996 fue aprobado, en Consejo de Ministros, el Reglamento Parcial No.3 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa relacionado con la Defensa Civil Venezolana, publicada en marzo de 1997, en la Gaceta Oficial No. 36.164, por vez primera se señala a Defensa Civil como un “SISTEMA NACIONAL”
En 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 332, ordinal 4° el “nacimiento” de “Una Organización de Protección Civil y Administración de Desastres”; como órgano de seguridad ciudadana, cristalizando un deber del Estado y un derecho del ciudadano.
Según Decreto Presidencial Nº 1.557 con fuerza de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, de fecha 13 de noviembre de 2001, fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.557, el Decreto con Fuerza de Ley de la “Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres”; como un órgano de seguridad ciudadana, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, bajo mandato del recordado Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías.
Cabe destacar que lo más reciente en materia de prevención y atención de desastres fue la publicación del decreto Nº 389 en la Gaceta Oficial del 17 de septiembre de 2013 en donde se señala la creación del Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es de resaltar que el mismo tendrá competencia específica en materia de Gestión de Riesgo, Protección Civil y Administración de Desastres, así como ámbito bomberil.
(Prensa DNPCAD/ Rosel Urbaiz L. / Ninoska Vásquez S.).
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